Este 29 de septiembre el Departamento de Estado de Estados Unidos restringió la visa a 100 funcionarios nicaragüenses al servicio de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La penalización a estos funcionarios sandinista es «por su rol en apoyo a los ataques del régimen de Ortega a los derechos humanos y las libertades fundamentales y la represión contra las organizaciones de la sociedad civil».
Según el comunicado de la institución estadounidense, desde la crisis sociopolítica que estalló en 2018, hasta la fecha EE.UU «ha restringido el visado a más de 1,000 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a aquéllos involucrados en los abusos a los derechos humanos, la represión de las voces independientes y la corrupción.
Asimismo los sancionados son los participan en la represión y niegan los derechos a sus conciudadanos no deberían esperar viajar libremente a los Estados Unidos.
«Esta medida fue tomada conforme a la Proclama Presidencial 10309, que suspende la entrada a los Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes a miembros del Gobierno de Nicaragua y a otras personas que formulan, implementan y se benefician de las políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas», reza la publicación.
En la misma, el Departamento de Estado mencionó que parta del socavamiento de la democracia en el país está el cierre y la confiscación de la Universidad Centroamericana y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, dos de los centros de enseñanza superior más reconocidos a nivel nacional e internacional, «bajo pretextos arbitrarios e infundados».
Por otro lado, el organismo renovó su llamado a la dictadura sandinista a «liberar a quienes han sido detenidos por apoyar valientemente una sociedad civil libre y la libertad de conciencia, incluyendo al Obispo Rolando Álvarez».
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«Los Estados Unidos continúan trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua. Seguimos comprometidos con la promoción del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua», añaden.
