«Mal paga el diablo a quien bien le sirve», y el genocida Daniel Ortega le pagará mal a sus trabajadores del Estado que le renuncien, así lo estableció una iniciativa de Ley aprobada por la Asamblea Sandinista en la que la que estipulan remunerar una pírrica liquidación a los que abandonen de forma «voluntaria» sus puestos.
La “Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado», no solamente establece la reducción en el pago de las liquidaciones, sino que se reformó el artículo 45 del Código del Trabajo en el que ahora acuerda que los empleados públicos solo tendrán derecho a cobrar liquidación a partir de los 3 años de laborar en alguna institución del Estado.
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De cumplir 3 años laborales, la normativa establece de acuerdo a una tabla de indemnización de ambigüedad laboral, que el obrero de alguna institución del Estado que a partir de 3 a 10 años, recibirá una liquidación equivalente a un mes de salario. Es decir que si una persona que recibió un salario de 10 mil córdobas mensuales por 10 años, esa será su liquidez final.
La tabla de indemnización también establece que el que tenga de 10 a 15 años cotizado, obtendrá un monto correspondiente a dos meses de sueldo; mientras que los que acumulen entre 15 a 20 años de trabajo, cobrarán 3 mensualidades, y cinco los que acumulen más de 20 años correspondiente al salario final.
La nueva medida será aplicada trabajadores del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, Entes Autónomos y Gubernamentales, municipios y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe.
Cabe señalar que la normativa establece que a los únicos que no se les aplicará la medida de reducción de liquidación, son a los trabajadores del Estado que sean ascendidos altos cargos por órdenes de la pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Bajo la excusa que la iniciativa supuestamente garantizará los «derechos de los trabajadores del sector público y la seguridad social», los parlamentarios sandinistas mintieron que la medida asegura el crecimiento y la estabilidad económica del país.
