Por más de 34 días han permanecido varados cientos de conductores de camiones de carga salvadoreños por las protestas y bloqueos de carreteras que comenzaron el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), que le permite a la multinacional operar por 40 años en la zona caribeña del país.
En Panamá, los bloqueos han causado escasez de productos básicos y pérdidas por más de 1.700 millones de dólares, según gremios empresariales.
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Debido a los bloqueos por las protestas ciudadanas, por más de 30 días el Estado panameño se ha encargado de atender las necesidades de alimentación y de salud, mientras llegan a un acuerdo para solucionar la crisis sociopolítica.
Por su parte, el presidente de El Salvador solicitó a las autoridades panameñas habilitar un «corredor humanitario» para que los transportistas varados puedan salir del país.
«Nuestro país hace un llamado a las autoridades competentes y a los líderes de la sociedad civil que mantienen los cierres de vías a que habiliten un corredor humanitario para que nuestros compatriotas puedan salir de Panamá a la mayor brevedad posible», señaló la cancillería salvadoreña en un comunicado publicado en la red social X.
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Mientras tanto, los magistrados del máximo tribunal se encuentran en «sesión permanente» hasta emitir un fallo sobre el asunto, que podría conducir al cierre de la mina de cobre considerada la más grande de Centroamérica.
