Mal paga Daniel Ortega a quien bien le sirve, dice un dicho popular, y es que la defenestrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, no se salvó de ser piñateada por quienes fue leal hasta el último día en su cargo dentro de la institución estatal.
Lo que el régimen sandinista le otorgó a Ramos por actuar en complicidad con los Ortega Murillo, todo le está siendo quitado por los mismos a quienes les vendió su alma, tras ser acusada de conspirar en contra de la dictadura e investigada por supuesta corrupción y malversación de fondos.
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De acuerdo con reportes periodísticos, los tiranos sandinistas confiscaron dos propiedades a Alba Luz Ramos, una ubicada en Altos de Ticomo, por Carretera Sur, y otra ubicada en Poneloya que era utilizada como casa de vacacional.
Se cree que posterior a esta confiscación, la dictadura irá detrás de las casas que tiene en residencial Las Colinas y otras propiedades que están a su nombre.
Bajo investigación
La confiscación a los bienes de Ramos ocurren un mes después que el genocida y criminal de lesa humanidad Daniel Ortega enviara bajo investigación a la presidenta de la CSJ, pero hasta el momento se desconoce si está encarcelada o bajo casa por cárcel.
La funcionaria sandinista cómplice de a pareja genocida, fue sacada de las oficinas de la CSJ por policías vestidos de civiles con rumbo desconocido para ser interrogada. El operativo fue dirigido por el comisionado general en retiro, Horacio Rocha, quien funge actualmente como asesor presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La dictadura ha barrido la institución y ha despedido a al menos mil funcionarios de las distintas áreas del Poder Judicial, con el fin de recontratar a exmilitares, expolicías, paramilitares y diputados leales a los Ortega Murillo.
