Por quinto año consecutivo las Nacionales Unidas actualizó un informe en que «siempre dice lo mismo», pero nunca ejecutan acciones contundentes para buscar la salida del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
Este lunes 18 de diciembre, la ONU celebró una sesión ordinaria para abordad la crisis de Nicaragua, donde la alta comisionada para los derechos humanos Nada Al-Nashif, denunció que los dictadores Daniel Ortega y Rosario continúa prohibiendo las libertad civiles, política y religiosas en el país.
«Sigo descorazonada ante la falta de acción» por parte de la comunidad y organismos internacionales «para prevenir estas violaciones», expresó Nada Al-Nashif.
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En el informe, la alta comisionada denunció el arresto de los líderes indígenas Brooklyn Rivera y la exdiputada suplente Nancy Henríquez del partido Yatama; así como el cautiverio de más de 100 presos políticos, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, quien permanece secuestrado en las mazmorras de La Modelo y condenado a 26 años de prisión.
Manifestó que los reos de conciencia son sometidos a «juicios penales sin la presencia física del acusado que participa por videollamada. Nuestra oficina ha documentado informes de torturas y amenazas contra prisioneros y familiares para que no denuncien las condiciones de detención», señaló Al-Nashif.
También, denunció la guerra de Ortega contra la iglesia católica de Nicaragua al encarcelar a sus sacerdotes y feligreses, así como la prohibición de toda manifestación religiosa en honor a sus santos en todas las comunidades y parroquias del país.
Destacó que las limitaciones que impone el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la libertad de religión «son incompatibles con las obligaciones de Nicaragua bajo el pacto internacional de derechos políticos y civiles», dijo la alta comisionada.
Dictadura reniega sobre informe
Wendy Morales, procuradora general del régimen sandinista, llamó «atrevida» y «mentirosa» la actualización de la ONU porque supuestamente está escrito «basado en campañas mediáticas de desinformación y odio», por tanto, exigió «respeto» hacia el pueblo y su soberanía.
La dictadura «manifiesta una vez más y con firmeza su total rechazo a este tipo de mecanismo e informes que lejos de representar un interés en la defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo, constituyen una atrevida forma de agresión e injerencismo en contra de la dignidad nicaragüense y la soberanía», dijo la representante de la pareja criminal de lesa humanidad.
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El único país que apoyó la posición de Argentina fue la República comunista de Corea del Norte, quien sugirió que la ONU debería de ser un mecanismo que vele por la cooperación económica entre países y no inmiscuirse en asuntos políticos de otros territorios.
Argentina con tolerancia cero
En ese sentido, la delegación de Argentina del nuevo presidente Javier Milei, expuso que su país «no aceptará que se invoque la soberanía, consideraciones de desarrollo ni las sanciones económicas como justificación de los Estados para no garantizar la plana vigencia de los ddhh». Recalcó que «los Estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los ddhh conforme a las obligaciones internacionales que han aceptado de forma voluntaria».
Argentina se unió a la demanda de libertad para todos los presos políticos. «Una vez mas instamos a las autoridades a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a restablecer los derechos de las personas privadas de su nacionalidad».
