Información de La VOA.-
Washington dijo que en 2018 lo que sucedió en Nicaragua fue que un grupo de sectores sociales ejercieron sus derechos fundamentales y «el régimen Ortega-Murillo y sus partidarios los atacaron por expresar su descontento».
SAN JOSÉ, WASHINGTON — Nicaragua acusó a Washington de avivar las protestas contra el presidente Daniel Ortega en abril 2018, las cuales desembocaron en una crisis sociopolítica que parece no tener fin en Managua, algo que fue desmentido el viernes por el Departamento de Estado estadounidense, que lamentó las “narrativas que dicen lo contrario”.
La vicepresidenta y vocera del gobierno nicaragüense, Rosario Murillo, acusó el jueves a la Embajada de Estados Unidos en Managua de orquestar las protestas, justo cuando se cumplen seis años del inicio de las manifestaciones que fueron reprimidas con violencia y dejaron más de 300 muertos, según grupos de derechos humanos y oenegés.
“Hace ya seis años la cizaña pretendían penetrarnos por órdenes expresas de la Embajada Americana y otras comparsas, sectores de la Iglesia católica, sectores de empresarios cobardes y de los heraldos negros que sólo querían y presagiaban muerte, destrucción”, dijo Murillo en un discurso transmitido por medios oficiales.
El gobierno estadounidense, por su parte, señaló que lo ocurrido en 2018 en realidad fue que todos los sectores de la sociedad, estudiantes, activistas, trabajadores y trabajadoras, periodistas y ciudadanos jóvenes y mayores ejercieron sus derechos fundamentales de reunión pacífica y libre expresión y por esa razón «el régimen Ortega-Murillo y sus partidarios los atacaron, por expresar su descontento».
«La comunidad internacional sabe muy bien lo que ocurrió en abril de 2018 a pesar de las narrativas que dicen lo contrario», comentó en un correo el Departamento de Estado a la Voz de América, y recordó que en febrero de 2024 el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua reafirmó sus conclusiones anteriores «sobre la responsabilidad de Ortega-Murillo por violaciones y abusos sistemáticos de derechos humanos».
«Seguimos apoyando al pueblo nicaragüense», concluyó el Departamento de Estado.
Desde el inicio de la crisis de 2018, Washington ha impuesto una serie de sanciones contra el gobierno nicaragüense a consecuencia de los «abusos del régimen» contra sectores críticos al presidente Daniel Ortega.
Rosario Murillo aseguró que las protestas costaron al país 206 millones de dólares en daños.
Los reclusos liberados guardaban prisión en la Modelo y en otros siete centros penitenciarios. Con esta liberación, suman más de 9.000 los presos comunes que han sido beneficiados con el régimen de convivencia familiar en el último año, de acuerdo con los registros oficiales.
La ministra Coronel señaló que el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, liberó a los prisioneros para conmemorar el llamado “Mes de la Paz”, una denominación oficial que alude a los días en que policías y paramilitares reprimieron con violencia las protestas que estallaron hace seis años en Nicaragua.
La acción del gobierno sandinista para frenar la revuelta social dejó 355 muertos, unos 2.000 heridos, más de 2.000 detenidos y al menos 100.000 exiliados entre abril y septiembre de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado emitido esta semana, la CIDH recordó aquellas protestas y urgió al gobierno de Ortega a “restablecer la democracia, poner fin a la represión en el país y a combatir la impunidad” de las “graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018”.
Las protestas fueron iniciadas por adultos mayores y tuvieron el apoyo de jóvenes universitarios en las ciudades de León (occidente) y Managua, la capital, en rechazo a una reforma unilateral a la ley del Seguro Social que reducía las pensiones a los jubilados, recordó el informe.
Según la CIDH, la respuesta del gobierno fue “represiva y violenta”, con “conductas que pueden configurar crímenes de lesa humanidad”. A partir de entonces, “la represión estatal contra las voces disidentes ha persistido bajo diferentes etapas y niveles de intensidad, desencadenando una crisis política, social y de derechos humanos que sigue profundizándose”.
La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, anunció que la excarcelación de los 1.500 reos comunes se daba para conmemorar “la defensa de la paz” en “esos días nefastos” de 2018.
