Un panel de expertos de la OEA encontró que en el 70 % de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y el 83 % de los 1.500 casos documentados de tortura, la justicia en Venezuela no ha procesado a ningún responsable. El grupo pidió acción una vez más a la Corte Penal Internacional.
WASHINGTON — El panel independiente de expertos internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela denunció este viernes la impasibilidad de las autoridades venezolanas ante la gran mayoría de los delitos documentados y reiteró su pedido de acción a la Corte Penal Internacional.
En el 70 % de los casos de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales la Justicia venezolana no ha señalado a ningún responsable, lo mismo ocurre con el 83 % de al menos 1.500 casos documentados de tortura, indica el tercer informe del grupo, presentado en la sede de la OEA en Washington, junto a testimonios de víctimas y familiares de personas cuyos asesinatos todavía continúan impunes.
Estos resultados son “sorprendentes”, dijo a la Voz de América el jurista Santiago Cantón, presidente del panel, que durante seis años ha documentado la existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos por o con complicidad del gobierno venezolano – ejecuciones extrajudiciales, violaciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y persecución política-, así como la posterior inacción contra los responsables.
El grupo de expertos señala como principales culpables de esta impunidad y demoras en los procesos judiciales, “a la cúpula del gobierno de Venezuela”, con Nicolás Maduro a la cabeza.
“Este tercer informe ahora lo que busca es demostrar que en los crímenes de lesa humanidad, incluso en casos emblemáticos que han sido denunciados y que se conocen claramente, no existe absolutamente nada hecho por parte de la Justicia Penal venezolana, por lo tanto, lo único que corresponde es que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) actúe en esos casos”, destacó Cantón.
Según el también secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, llevarán estos nuevos hallazgos ante la CPI. “El fiscal actual ha dado los pasos correctos a lo largo de los últimos años, tal vez nos gustaría que actúe más rápidamente”, agregó.
“En este caso en particular creemos que ya debería actuar, porque hay algunos casos claramente que son delitos de lesa humanidad, donde no se está haciendo absolutamente nada y claramente debería actuar, para evitar que continúe la persecución política que está teniendo lugar en estos momentos”, dijo Cantón en referencia a las venideras elecciones en Venezuela.
Caracas niega estas acusaciones y califica a la OEA como una entidad al servicio de EEUU que busca promover la desestabilización del país.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, insistió este viernes en la necesidad de hacer justicia. «Necesitamos un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad», apuntó al inaugurar el evento.
Esperanza «sembrada en los organismos internacionales”
Víctimas de represión y sus familiares protagonizaron un momento emotivo en la sesión. Visiblemente afectados, hicieron un recuento de sus vivencias en prisiones venezolanas, la persecución por parte del gobierno y, como en el caso de Olga González, el momento en que encontró baleado y muerto a su esposo Leonardo González Barreto.
“Mi esposo fue asesinado en el contexto de las protestas, cuando salió a protestar por querer un país diferente y se encontró con funcionarios policiales que atacaron su vehículo. 21 impactos de balas fueron los que le dieron al vehículo donde él se trasladaba. Una de esas balas atravesó su espalda y lo mató”, narró conteniendo lágrimas a la VOA.
Desde ese momento y a pesar de residir todavía en Venezuela, González ha denunciado el asesinato de su esposo ante varios organismos internacionales como representante de la Alianza de Familiares y Víctimas 2017.
“Queremos un país donde se respete la libertad de expresión. Y mi esposo, junto con tantos jóvenes que salieron en ese año 2017 a protestar, pues quería eso. Sin embargo, lo que encontró en el camino fue bala, pero aún así no han logrado silenciar el grito de cada uno de ellos, porque nosotros sus familiares seguimos luchando por ellos”, aseguró.
Para González, la “esperanza está puesta en los organismos internacionales” porque advirtió que en “Venezuela no va a haber justicia” para estos crímenes. “En Venezuela se premia la impunidad, se dan ascensos a las personas que cometen crímenes y nosotros vamos a llevar nuestro mensaje y nuestros testimonios a cada rincón del mundo”, remarcó.
El panel escuchó también los testimonios de exprisioneros y víctimas de torturas que han contribuido a la documentación de crímenes recogidos en los informes. “Estamos aquí para hablar por los que no pueden, por los que están siendo torturados ahora mismo”, dijo el joven Nixon Leal, quien tuvo que salir al exilio bajo amenazas contra su vida.
“Es muy importante que la gente sepa que en Venezuela hay alrededor de 280 presos políticos y que la persecución se está exacerbando dentro del país”, insistió a la VOA Víctor Navarro. “Estar aquí hoy es seguir alertando de las atrocidades que pasan. Por qué nuestro rol es que no se normalice la tortura ni la persecución”.
El joven venezolano se apoyó en su experiencia como exprisionero político en el Helicoide, la famosa cárcel en forma de pirámide de tres lados, para crear el proyecto “La memoria está viva», una suerte de museo de realidad virtual que busca educar sobre las serias violaciones a los derechos humanos en el país suramericano, con el que han viajado ya a 20 países.
Las víctimas y sus familiares no han recibido “ninguna compensación, ninguna preparación, ya sea colectiva o individual, para abordar la grave crisis, el grave trauma sufrido a lo largo de los últimos 10 años”, precisó Joanna Frivet, miembro del panel, quien insistió en el llamado a la Corte Penal Internacional para llevar justicia a cientos de venezolanos.