Un grupo de abogados argentinos sigue impulsando un proceso penal internacional contra el régimen Ortega Murillo.
El profesor de derecho humanos y derecho penal internacional, Darío Richarte, anunció en sus redes sociales que su grupo legal radicado en Argentina, solicitó una orden de captura internacional para el dictador Daniel Ortega, después de haber analizado e investigado los crímenes de lesa humanidad denunciados desde 2018 en Nicaragua.
Este esfuerzo de un grupo de abogados argentinos forma parte de la denuncia interpuesta en 2022, ante el Juzgado Nacional Penal y Correcional número cuatro del Poder Judicial con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la denuncia, los abogados solicitaron que se cite a declaración indagatoria y se libre orden de detención y captura internacional contra Daniel Ortega, contra su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, entre otros funcionarios implicados en el caso.
En declaraciones al medio de comunicación argentino Infobae, Richarte dijo que «la solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad».
«A esta altura de la investigación y habiendo sido analizada durante meses la gran cantidad de pruebas acumuladas en el expediente, desde esta querella coincidimos con la Fiscalía y creemos que existe suficiente evidencia para justificar el pedido de declaración indagatoria de los imputados. Además, solicitamos- la detención y que se libre orden de captura internacional contra ellos», explicó el abogado,argentino.
En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, ejecutaron «crímenes de lesa humanidad», mediante una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado, También un organismo especializado en derechos humanos de las Naciones Unidas confirmó los delitos de lesa humanidad en Nicaragua.
Más de 300 personas murieron en Nicaragua por la represión armada contra las protestas civiles de 2018, según informes de estos organismos internacionales de derechos humanos.
